La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad deja muy claro que todos los derechos deben estar centrados en la persona, reconociendo su dignidad, su autonomía y su capacidad para participar en la sociedad como cualquier otra. Este enfoque es un gran paso adelante: coloca a las personas con discapacidad en el lugar que les corresponde, como protagonistas de su propia vida.
Sin embargo, en el día a día seguimos viendo que lo que está escrito no siempre se cumple.
En ámbitos esenciales como la educación o la sanidad, muchas personas siguen encontrando barreras que no debe-rían existir. Por ejemplo, en educación aún faltan apoyos suficientes, adaptaciones, profesionales especializados o accesibilidad real. El derecho a una educación inclusiva, en igualdad de condiciones y dentro del centro ordinario, es un derecho reconocido que muchas veces se incumple. Lo mismo ocurre en la sanidad: todavía hay consultas inaccesibles, información difícil de entender o profesionales sin formación específica. El derecho a recibir atención sanitaria sin discriminación, adaptada y accesible, tampoco se garantiza siempre.
A esto se suman otras vulneraciones que siguen presentes: edificios o servicios públicos que no cumplen con la accesibilidad universal, personas que no pueden elegir dónde y con quién vivir por falta de apoyos para una vida independiente, o empleos donde no se ofrecen los ajustes razonables necesarios para trabajar en igualdad de oportunidades.
Por todo ello, es importante recordar que poner a las personas en el centro no es solo una frase bonita: es un compromiso real. La comunidad ,instituciones, profesionales y ciudadanía, tiene la responsabilidad de hacer efectivos estos derechos. No como un favor, sino como una obligación ética y legal.
Solo así podremos construir una sociedad donde cada persona, con o sin discapacidad, pueda vivir con dignidad, participar plenamente y sentirse parte de un mundo que también es suyo.

   Ana María Barreiro Presno y María Ángeles Lago Álvarez